CGE

17/11/2021

Capacitación en Ley Micaela para personal de la DDE (Ley Nacional 27.499 y Ley de adhesión provincial N° 10.768)

Capacitación en Ley Micaela para personal de la DDE (Ley Nacional 27.499 y Ley de adhesión provincial N° 10.768)

Ayer martes 16 de Noviembre recibimos a miembros del Equipo Técnico de Nivel Superior acompañado de la vocal del CGE Griselda Di Lello, quienes nos brindaron la capacitación de Ley Micaela (Ley Nacional N° 27.499 y Ley de adhesión provincial N° 10.768). La capacitación fue dirigida al personal de la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria y su eje principal fue “Las violencias basadas en el género como problemática social”.

A partir de sanción de la Ley de adhesión Provincial (N°10.768) se crea  el “Observatorio  Ley Micaela”, el cual  forma parte de la órbita de la  “Sub-Secretaría la Mujer” del  “Ministerio de Desarrollo Social”.  Forman parte del Observatorio:   Fundación Micaela, Universidad Nacional de Entre Ríos,  Universidad Autónoma de Entre Ríos, y organizaciones de la sociedad civil.

Qué es la Ley Micaela

Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

Como autoridad de aplicación de la Ley 27.499, el Estado propone su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Se busca  transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.